- Foto: 2.bp.blogspot.com
Por Geovani Montalvo.
Desde que pasó el hecho detonante del bus, al que los medios corporativos de una forma traumática han llamado masacre del J-20, todos los sectores del país y los grupos de presión se han movilizado para exigir al gobierno mayor efectividad en la aplicación de la justicia.
Fue la noche del domingo 20 de junio, cuando un grupo de personas secuestraron un microbús en la capital, después de asesinar al conductor y a su ayudante, se dispusieron a rociar gasolina sobre el automotor, incendiándolo con los pasajeros dentro.
Minutos después del hecho, el director de la Policía Nacional Civil, el Ministro de Seguridad y el Presidente condenaron el crimen considerándolo una “acción terrorista de las pandillas”. Había indignación en toda la población. Indignación, temor y desconfianza.
Es así como el Gobierno de Funes inició reuniones con su gabinete de seguridad, partidos políticos, ANEP que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada y FUSADES, el principal tanque de pensamiento de la derecha, para intentar formar un plan efectivo que frene esta violencia. Hace falta que el gobierno –si no lo ha considerado- se reúna con la sociedad civil organizada.
Desde entonces hasta ahora han circulado en la mesa varias propuestas, entre estas la incorporación de la pena de muerte, un anteproyecto de ley anti-pandillas del Gobierno, propuestas de las diferentes fracciones de la asamblea legislativa, criminalizar a las pandillas.
También hay propuestas de endurecer las leyes, utilizar más al ejercito, implementar estado de excepción, reformas a la ley, lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas, despistolización… etc. Incluso, algunos afirman que la violencia que se vive es parte de un plan de desestabilización del Gobierno de Funes.
Evidentemente, cada propuesta tiene sus críticas positivas y negativas, sobre todo, críticas de parte de la población organizada y de académicos. Lo cierto es que esta coyuntura representa un momento de debate y replanteamiento muy fuerte en materia jurídica, política y cultural en el país.
En la población, hay un generalizado temor a la violencia diaria, pero también desconfianza en la Policía Nacional Civil y sobre todo en las fuerzas armadas, seguramente por la experiencia cercana de Honduras, porque ¿qué garantiza el estado de derecho, que no haya impunidad, abuso de poder y que con endurecer las leyes, no se tenga un efecto contraproducente?.
Existen tres vínculos que deben ser abordados de inmediato, el que existe entre las pandillas y la niñez y juventud; la relación de pandillas y Crimen Organizado, y -subrayo en este- el Crimen Organizado y la Institucionalidad del país. Así lo han expuesto también los estudiosos del Derecho, jueces y comunidad jurídica.
la violencia que vive el país, también es producto de la crisis estructural, que abarca la crisis económica, social, política y educativa que han promovido todos los gobiernos y estados anteriores. Sobre todo, esa crisis proveniente del poder Hegemónico actual, Estados Unidos.
Con este pre-supuesto, sin un plan integral, es muy difícil logar niveles adecuados de seguridad social y política a mediano plazo en el país. Y esto se mide por transformaciones en la cultura política y social a través de la educación, la transparencia en la cosa pública, etc.
Es decir, la historia de El Salvador es una historia de explotación, corrupción, ilegalidades amparadas en la ley, décadas de vivir en condiciones de vulnerabilidad, impunidad. Hace falta, además de voluntad política, un cambio de paradigma, de estructura. No es una simple cuestión de conciencia, es una cuestión de cambios provenientes desde abajo.
El aparato de seguridad pública puede hacer bien su trabajo, pero sin este cambio de paradigma desde abajo, de formación económica y social, estamos lejos de experimentar verdaderas transformaciones.
