Geovani Montalvo
El Estado Salvadoreño deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este jueves 28 de enero en Costa Rica, sobre el cumplimiento de la sentencia del Caso Hermanas Serrano Cruz.
Las hermanas Serrano Cruz -menores de edad- fueron desaparecidas, presuntamente por militares salvadoreños, durante los años del conflicto armado en el país.
La CIDH dictó una sentencia en contra del estado salvadoreño por el caso de las hermanas, sin embargo, el entonces presidente Antonio Saca se negó a reconocer la responsabilidad del estado.
18 años después de los acuerdos de paz, el Presidente Funes pidió perdon y reconoció los crimenes cometidos por el estado en contra de “civiles indefensos” durante los años de guerra, y anunció la reparación, especialmente, la creación de una comisión pro-búsqueda, una de las medidas estipuladas por la sentencia de la CIDH.
El Caso
Iniciando el conflicto armado en el país, del 27 de mayo al 9 de junio de 1982, el entonces Ministro de Defensa, General Guillermo García, autorizó el operativo militar denominado “Operación Limpieza” y conocido popularmente como “La Guinda de Mayo”.
El objetivo era eliminar los “reductos guerrilleros” al norte del departamento de Chalatenango, con la participación de los batallones especializados Atlacatl y Belloso.
Durante este operativo militar, desaparecieron más de 50 niños y niñas presuntamente en manos de los militares salvadoreños, entre los desaparecidos, se encuentran las hermanas Erlinda y Ernestina Serrano Cruz (de siete y tres años respectivamente).
En marzo de 1993, un año despúes de los acuerdos de paz, la señora Victoria Cruz acompañada del Padre Jon de Cortina (sacerdote español fundador de la Asociación Pro-búsqueda), denunció en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la desaparición de sus hijas Ernestina y Erlinda.
El proceso penal fue archivado en varias oportunidades, por lo que en 1999, la Asociación Pro-Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL- demandaron al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, que en su informe de fondo estableció la responsabilidad del Estado Salvadoreño en la desaparición forzada de ambas niñas.
La Sentencia
El 1 de marzo de 2005, la CIDH emitió sentencia de fondo y reparaciones en el caso de las Hermanas Serrano Cruz, en la que condenó al Estado salvadoreño por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares, y al derecho a la integridad personal de los familiares.
La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de medidas de reparación las cuales debía cumplir en los plazos de seis meses, un año y en un plazo razonable, habiendo incumplido hasta el momento la mayoría de estas medidas, el resto han sido cumplidas de manera parcial, a pesar de habérsele requerido insistentemente el apego a lo ordenado por el tribunal de derechos humanos.
Las nueve medidas estipuladas en la sentencia Serrano Cruz:
1. Es obligación del Estado salvadoreño poner a funcionar una Comisión Nacional de Búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado.
2. Es obligación del Estado salvadoreño la creación de una página web de búsqueda de niños desaparecidos.
3. Es obligación del Estado salvadoreño publicar las principales partes de la sentencia Serrano Cruz.
4. Es obligación del Estado salvadoreño la designación de un día dedicado a los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno.
5. Es obligación del Estado salvadoreño brindar gratuitamente, a través de instituciones de salud especializadas, tratamiento médico y psicológico a la familia Serrano Cruz.
6. Es obligación del Estado salvadoreño indemnizar a las víctimas y pagar las costas y gastos del proceso.
7. Es obligación del Estado salvadoreño la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y de sus familiares.
8. Es obligación del Estado salvadoreño investigar los hechos denunciados, identificar y sancionar a los responsables y efectuar una búsqueda seria de las víctimas.
9. Es obligación del Estado salvadoreño la creación de un sistema de información genética para facilitar la localización de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños.
Transcurridos cuatro años de emitida la Sentencia, el Estado salvadoreño ha cumplido parcialmente las medidas de reparación, negando inicialmente la condena y acatando el fallo de la Corte ante la demanda pública de las víctimas y de la comunidad nacional e internacional.
Nuevo Gobierno
Durante su discurso oficial este sábado 16 de enero, día que se celebran 18 años de los “Acuerdos de Paz” en El Salvador, el presidente Funes reconoció públicamente que el estado salvadoreño cometió crímenes “contra civiles indefensos” y “en nombre del estado salvadoreño” pidió perdón por esos crímenes.
“Firmaré el decreto de creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos, comisión que reunirá los estándares requeridos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” dijo Funes homenajeando al fallecido sacerdote católico Jon Cortina, fundador de la asociación Pro-Búsqueda.
